José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima y testigo clave en el proceso judicial por presunta corrupción durante la gestión de Susana Villarán, fue hallado sin vida en su vivienda en Miraflores. El fallecimiento, ocurrido a menos de tres meses del inicio del juicio oral contra la exalcaldesa, ha encendido las alarmas entre autoridades y observadores del caso Lava Jato en el Perú.
Castro fue encontrado por su padre, en el baño del domicilio. Según el reporte preliminar de la Policía, presentaba una profunda herida en el cuello y a pocos metros del cuerpo se hallaron dos cuchillos con manchas de sangre. La escena, que también mostraba signos de posible manipulación en la cerradura, está siendo analizada por el Ministerio Público.
Aunque aún no se ha confirmado la causa exacta de la muerte, las autoridades no descartan un posible homicidio. La Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares para esclarecer los hechos, mientras el Ministerio Público informó que la investigación está en manos del Cuarto Despacho Penal de Miraflores-Surquillo y San Borja.
Castro ocupó un rol estratégico en la comuna limeña entre 2011 y 2014. Su testimonio permitió reconstruir cómo operó el presunto esquema de aportes ilícitos por parte de constructoras brasileñas a las campañas municipales de Villarán. Si bien se acogió a la figura de colaboración eficaz, su proceso aún no se había formalizado, por lo que continuaba siendo acusado y enfrentaba un pedido fiscal de 25 años de prisión.
Fuentes del equipo fiscal confirmaron que, pese a su fallecimiento, los aportes de Castro se mantienen válidos como prueba durante el juicio. El fiscal José Domingo Pérez, quien lidera el caso, destacó que su declaración escrita y documentación entregada podrían ser claves en las próximas audiencias. “Aunque no alcanzó a testificar oralmente, la ley permite incorporar sus aportes al proceso”, indicó.
El deceso ocurre en un momento crucial para el caso Villarán, cuyo juicio está programado para el 23 de septiembre. Con él se buscaba esclarecer el presunto ingreso de fondos irregulares para frenar la revocatoria de 2013 y financiar la campaña de reelección de 2014.
Fuente: Infobae
